El desarrollo inmobiliario es uno de los negocios más rentables de las ciudades, tanto para la iniciativa privada en la lotificación, urbanización, construcción y venta, como para el sector público a través de la recaudación de impuestos y derechos. Países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina han logrado captar gran parte de sus ingresos municipales a partir de las actividades relacionadas con la industria inmobiliaria – principalmente de proyectos de vivienda – lo que les ha permitido reducir sus impuestos e incluso subsidiar de forma porcentual o total algunos de los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica y el transporte público. Portland, Oregon se ha convertido en pionera de la urbanización inteligente y de la ejecución de los principios del Nuevo Urbanismo – de los que constantemente hemos platicado en este blog – mismos que se extienden a toda la región Pacífico Noroeste que reúne ciudades como Seattle, Vancouver y Victoria.
Son muchos los factores que influyen en la rentabilidad; los más recurrentes son el repoblamiento de las ciudades centrales reduciendo la fuerza de las zonas periféricas, la transferencia de derechos entre privados regulada por el sector público que garantiza equitativas posibilidades de desarrollo, la regulación de los impuestos por la cercanía a los servicios que fomenta la utilización de zonas servidas existentes contrario a la dotación de servicios en nuevas áreas de desarrollo y posiblemente el más importante, la visión a largo plazo del desarrollo de las ciudades que se fundamenta en la sustentabilidad, la vitalidad y la elevación de la calidad de vida reduciendo la polarización entre las diferentes clases sociales.
Desgraciadamente en nuestro país las cosas funcionan radicalmente opuestas. Las zonas urbanas que cuentan con toda la infraestructura y servicios generan los impuestos y derechos más costosos, mismos que son destinados a la urbanización y tendido de redes para las zonas periféricas, haciendo urbanizables terrenos externos a las manchas urbanas que rompen la inercia del desarrollo ideal de las ciudades e incrementan sus precios – mal llamado plusvalía en este caso – a favor de desarrolladores del sector privado cuyo interés radica ya no en el área de la construcción sino en los cambios de uso de suelo que les favorecen mediante la especulación y la corrupción y permiten la sobrevaloración de suelos agrícolas y ejidales para su venta al público.
Y en este escenario, la ciudad no está ajena al neoliberalismo, el sistema económico – y político – que predomina en el mundo actualmente. La polarización de las clases sociales es cada vez más evidente entre los condominios de lujo ubicados sobre la franja de playa de más de 40 km de Los Cabos y los fraccionamientos periféricos de interés social para los trabajadores, principalmente de los desarrollos turísticos, o los cinturones de miseria y asentamientos irregulares para los pobladores que no tienen acceso a créditos ni programas de vivienda nacionales.
“Lo que hoy está lejos, mañana será parte de la ciudad” es el eslogan que se escucha en la estación de radio local para promocionar un fraccionamiento periférico, manteniendo el modelo de crecimiento expansionista que tantos problemas ha ocasionado a los destinos turísticos en el país. Mientras los sectores con mayores ingresos – y extranjeros – se adueñan de los litorales, a los grupos locales de menos ingresos les corresponden los terrenos cercanos a los aeropuertos, pero ambos reflejan la misma ideología anticuada de ver la superficie continental como un recurso ilimitado. En el caso de Acapulco, el primer destino turístico del país, la proliferación inmobiliaria ha marcado distinguibles áreas de desarrollo que se han gentrificado y abandonado en aras de continuar el desarrollo y estratificarlo para cada vez más segmentados mercados; del Acapulco Tradicional al proyecto de la Costera Sur existen alrededor de 100 km de distancia con más de 4,000 habitaciones de hotel nuevas autorizadas para los próximos años, que más allá de resolver el problema social, económico y de abandono que presenta, hace aún más grande un problema que parece no tener fin ni solución ante la visión tan sesgada de los gobiernos competentes y de los inversionistas privados cuyo único interés es la explotación del suelo y del personal.
Pero Acapulco no es una realidad ajena a la nuestra, como tampoco lo son Veracruz o Mazatlán ni los desarrollos “planeados” de FONATUR como el corredor Ixtapa-Zihuatanejo o Huatulco. Las ciudades han quedado a merced de inversionistas que deciden cuando desarrollar y cuando abandonar los destinos del país de acuerdo a intereses meramente neoliberales, tanto de los destinados al turismo como a la habitación, de lujo o popular, sin distinción alguna. La falta de reinversión en las zonas consolidadas se ha convertido en un problema mayúsculo para el mantenimiento de los destinos turísticos y contrario a la concepción general, el gobierno no es el principal responsable.
Nos encontramos actualmente en periodo electoral y valdría la pena preguntarle a nuestros candidatos cuál será su política urbana para los próximos 3 y 6 años, si Los Cabos se convertirá en el Acapulco del norte a manos de los desarrolladores o si esperamos construir juntos, los 3 principales actores sociales: iniciativa pública, iniciativa privada y ciudadanía, un destino exitoso y deseable no sólo para los extranjeros al interior de los fraccionamientos cerrados sino para toda la población en la verdadera ciudad.
JPV
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